Alegoría argentina.- El presidente español Mariano Rajoy anunció límites de pago en efectivo en operaciones entre profesionales o empresas. Desde una visión retrospectiva, varios expertos rememoraron un paralelismo entre esa medida y "el corralito bancario" argentino, que establecía la restricción de capitales en los bancos. No obstante, la situación española no es asemejable a la Argentina de fines de 2001.
1 de diciembre de 2001.- El entonces presidente Fernando de la Rúa implementó límites temporales a las cuentas bancarias dentro del sistema financiero nacional. Sólo se podían retirar $ 250 por semana durante 90 días. Así iniciaba la crisis económica en el país, y tras años de recesión económica. Rajoy, en España, sólo habla de una medida de corte fiscalista que se aplicará durante un año.
Fuga de capitales.- La disposición del gobierno de España apunta a evitar las operaciones comerciales por fuera del sistema formal, utilizando dinero en negro. En Argentina, el objetivo fue evitar la fuga de capitales financieros. En España, en tanto, el Gobierno trata de combatir la evasión fiscal, aunque tiene la misma ruta: seguir al dinero en negro.
Las deudas.- En 2012 España tendrá que pagar unos 400.000 millones de euros (casi U$S 525.000 millones) en vencimientos de deuda pública y privada, según las cifras del portal español Eleconomista.es. Argentina, en medio de la crisis, mantenía una deuda de U$ S150.000 millones.
La ayuda externa.- Rajoy afirmó ayer que su país no necesita ayuda financiera internacional para salir de la crisis. En diciembre de 2001, el presidente interino Adolfo Rodríguez Saá declaró el default y la cesación de pago de deuda. El 17 de enero de 2002, el nuevo jefe de Estado argentino, Eduardo Duhalde, anunció la flexibilización de las restricciones impuestas por el "corralito"; la disposición no se aplica y decide que los depósitos bloqueados iban a ser devueltos en pesos. El 1 de febrero, La Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional al "corralito". Actualmente, Rajoy tiene a su favor el apoyo de la Unión Europea. El bloque quiere evitar -a toda costa- el efecto contagio de la crisis española.
Contra las protestas.- El gobierno español remarcó que intentará controlar las redes sociales, convirtiendo en delito penal cualquier convocatoria de protestas. "La pena mínima para estas personas será de dos años, para que los fiscales puedan pedir prisión provisional para sus autores y los jueces, en su caso, acordarla", dijo Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior. A fines de 2001 se profundizaron las protestas en las calles argentinas, que incluyeron incidentes violentos y víctimas fatales, en particular, en Plaza de Mayo, lo que obligó a De la Rúa presentar la renuncia ante el Congreso.